NO MODIFICAR EL PRIMER PUNTO DEL ACUERDO DE LA HABANA

Por Jaime Forero Álvarez
Director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle

En La Habana durante cuatro años se trabajó el acuerdo para la terminación del conflicto, pero el primer punto, La Reforma Rural Integral, fue precedido de un amplio debate nacional que tuvo tres momentos cumbres:

  1. El Informe del PNUD en el 2011 “Razones para la Esperanza”. En este informe, resultado de un amplio y riguroso análisis de los problemas estructurales del campo colombiano, se lanza la idea de hacer una Reforma Rural Integral.
  2. El proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, elaborado por un grupo de expertos convocados por el Ministro de Agricultura de Juan Camilo Restrepo, entre los años 2011 y 2012. Los artífices de este proyecto representaban diversas posiciones. De un lado estaban quienes propendían por el desarrollo agro industrial.  De otro, quienes defendían una vía campesina. Y había un tercer grupo que proponía un desarrollo rural basado en las potencialidades de estos dos modelos productivos.
  3. La Propuesta de Ley General de Tierras, Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integral (Ley  Agraria Alternativa de 2012) elaborada por la Mesa Agraria, la cual agrupa la mayor parte de organizaciones campesinas y étnicas. Este proyecto desarrolla el Mandato Agrario de 2003.  

Los dos proyectos de ley, elaborados de manera independiente, son coincidentes y fueron objeto de un amplio debate regional y nacional. En la Habana estos proyectos terminan por conciliarse, en gran medida, gracias a la fuerte incidencia de la sociedad civil. El resultado, la Reforma Rural Integral, está lejos de ser una reforma agraria como la que impulsó el gobierno colombiano a inicios de los años setenta. En materia de tierras la nueva reforma se limita a diseñar una estrategia para clarificar los derechos de propiedad sobre la tierra, creando, por ejemplo, mecanismos para recuperar las tierras usurpadas al Estado.

La gran diferencia entre los dos proyectos de ley mencionados  (el de los expertos y el de los campesinos) radica en que el primero proponía la creación del Derecho Real de Superficie. Este instrumento jurídico le permitiría al Estado arrendar a los grandes empresarios predios procedentes del Fondo Nacional de Tierras durante largos períodos y bajo las condiciones económicas y ambientales impuestas por este. Este punto, al que se han opuesto los dirigentes de las organizaciones populares, terminó siendo impuesto por el gobierno de Santos al tramitar una ley, sancionada en enero de 2016, la cual no solamente instaura esta figura para las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).

El capítulo agrario en el acuerdo de La Habana que es el resultado de un largo proceso de conciliación entre diversos actores del sector rural, introduce unas tímidas reformas al régimen agrario y propone unas políticas públicas que son de extremada urgencia para solucionar problemas derivados del bajo acceso a los recursos y bienes públicos; plantea algunas medidas para mejorar  las condiciones de vida de la población rural y esboza reglas y medios para que la Reforma Rural Integral se haga con la efectiva participación de los actores de la sociedad rural.
En conclusión, la Reforma Rural Integral pone al día la legislación y la política pública para enfrentar el atraso productivo del sector agropecuario, con el fin de remediar las precarias condiciones de la población rural y fija unas mínimas bases para incentivar la participación activa de la sociedad rural en la generación de alternativas para su propio desarrollo. Se concreta con esta reforma un proceso de debate y conciliación entre empresarios, campesinos y gobierno.

Siempre se ha dicho, con toda la razón, que lo planteado en esta reforma tiene que llevarse a cabo independientemente de los acuerdos para la terminación del conflicto. Sería inconveniente para el país y una completa insensatez, que en medio de las discusiones sobre los ajustes del acuerdo se eliminarán algunas de las mínimas medidas para generar un desarrollo rural que tiendan a paliar las condiciones sobre las cuales se incuba el conflicto armado.

 

Articulo1