TIERRA Y TERRITORIO EN LAS HISTORIAS DEL CONFLICTO

Por Wilson Vergara
Coordinador Eje Desarrollo Rural

Colombia heredó una concentración de la tierra de las más altas del mundo y esta ha sido la causa histórica principal del origen y la perpetuación del conflicto Colombiano. La concentración de la tierra es un freno al desarrollo rural y también al desarrollo del país, porque la mayor parte de la tierra queda en predios grandes y una fracción muy pequeña de ella aloja a la mayoría de la población rural que vive en situación de pobreza. El hecho estilizado más importante del desarrollo rural es que los predios más pequeños son más productivos que los más grandes, no obstante el ingreso por trabajador es muy bajo en los predios pequeños y por ello en estos predios se aloja el grueso de la pobreza rural. Como la estructura de los derechos de propiedad  agraria es muy precaria en Colombia no se logra alcanzar un tamaño óptimo de explotación que pueda impulsar el desarrollo rural. La deficiente estructura de Derechos de Propiedad es la razón por la cual se ha perpetuado el conflicto en Colombia ya que ha facilitado el despojo y la apropiación ilegal de la tierra, recurriendo casi siempre a la violencia. Las negociaciones del gobierno y las FARC en La Habana han derivado en una propuesta para implementar un enfoque territorial que permita dirimir los conflictos por la tierra en los territorios y lograr la paz.

La Tierra en las historias del conflicto

El reciente informe titulado “Basta ya”, del Grupo Memoria Histórica, encontró que el conflicto en Colombia ha cobrado la vida de 220.000 seres humanos entre 1958 y el 2012[1] (Grupo Memoria Histórica, 2013). De su lectura se pueden extraer dos conclusiones principales. La primera es que el conflicto en Colombia se ha invisibilizado frente a sus devastadoras y letales consecuencias, altamente subestimadas por los medios de información e incluso por las estadísticas oficiales. Y la segunda es que el conflicto tiene raíces profundas en el problema agrario colombiano.

En esencia, las elites de los partidos liberal y conservador se disputaron el poder y el dominio del territorio desde el siglo XIX. Con sus visiones dogmatizadas, adoctrinaron al pueblo y encendieron sus pasiones. Este proceso de confrontación creciente desencadenó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 dando origen a “La Violencia”. En respuesta a la guerra, las élites políticas de los partidos tradicionales pactaron la constitución del Frente Nacional. Esta manguala política excluyó al partido comunista, que pronto tendría asidero en las autodefensas campesinas abandonadas por el partido liberal, quienes más tarde serían la simiente de los grupos insurgentes de Colombia. Ante el escalamiento del conflicto los campesinos huían hacia la frontera agrícola, frente el cerco montado por las ganaderías extensivas sobre el centro, desplazandolos más a la periferia. En la vorágine de esta periferia no había Estado y la compleja geografía colombiana le dio ventajas comparativas al narcotráfico, una maquinaria de muerte que penetró profundamente a la sociedad y a la clase política colombiana.

En la década de los ochenta, el creciente imperio del narcotráfico y su alianza con sectores del Estado, y el aumento del pie de fuerza de los ejércitos de las insurgencias desembocaron en un proceso de violencia de los más cruentos de la historia, provocando más desplazamientos de campesinos y la apropiación a sangre y fuego de las mejores tierras del país a manos del narcotráfico (Reyes A. 2009). Mientras tanto la frontera agraria continuaba su expansión, en un proceso en el cual los colonos tumbaban la selva, que más tarde serían pastos para ganadería extensiva.

La década de los noventa marcó el comienzo del neoliberalismo, y con él, el abandono progresivo de las políticas de desarrollo rural por parte del Estado, por cierto bastante marginales hasta entonces. El modelo Neoliberal le apostó a la agricultura empresarial de gran escala buscando convertir al campesino en empleado de los complejos agrícolas (Kay C, 2003), bajo el supuesto ampliamente rebatido por la ciencia, de que la agricultura de pequeña escala no es viable.

El cambio de gobierno en el 2010 dio un giro inesperado en la política agraria, con el regreso, todavía pálido, del desarrollo rural y en la política militar con la apuesta por un proceso de paz que hoy no parece tener reversa. El primer punto de la negociación entre el gobierno y las FARC fue el Desarrollo Rural, del cual surgió la propuesta de una Reforma Rural Integral con enfoque territorial.

Consecuencias de la concentración de la tierra

Colombia heredó una concentración de la tierra de las más altas del planeta, la cual ha sido la causa histórica más importante, aunque no la única, del origen y la perpetuación del conflicto colombiano. La concentración de la tierra es un freno al desarrollo rural y también al desarrollo del conjunto de la sociedad. El Banco Mundial en su informe de 2006 mostró, relacionando el coeficiente gini de tierras con el índice de desarrollo humano para todos los países, que existe una correlación muy fuerte entre una mayor concentración de la tierra y un menor índice de desarrollo humano (Banco Mundial, 2006).

Adicionalmente la concentración de la tierra genera un uso inadecuado del suelo. De acuerdo con la UPRA, Colombia tiene un potencial de 8 millones de hectáreas para ganadería y usa 38 millones de hectáreas en pastos para el ganado, mientras que su potencial para cultivos es de 15 millones y solo está usando 6 millones (UPRA, 2015). Esto representa un gran sacrificio en la productividad agrícola del país ya que una hectárea en cultivos produce 17 veces más valor que una hectárea en ganadería (Vergara 2010).

De otro lado como las tierras planas en el centro fueron monopolizadas por el latifundio improductivo, los campesinos utilizaron las tierras de alta pendiente, a veces en los páramos o en los humedales, o abrieron la frontera en la selva con daños ambientales catastróficos (Reyes 2016).

Por último, una de las más graves consecuencias es la eficiencia. Los predios grandes en su conjunto subutilizan la tierra, y los predios pequeños presentan una alta producción por unidad de área pero poseen una fracción minúscula del área de uso agropecuario. En un estudio, José Leibovich (2013) encontró que el microfundio, es decir los predios de menos 0,5 UAF, producen $9.832.739 por hectárea, mientras que la gran propiedad, predios mayores a 10 UAF, solo producen $245.476 por hectárea. Sin embargo, de acuerdo al mismo trabajo de Leibovich, el ingreso per cápita en el microfundio es de $447.462, mientras que en la gran propiedad es de $6.694.716. De otro lado, Jaime Forero (2013) encontró que no existen diferencias entre productores grandes y pequeños en rentabilidad, fundamentalmente debido a las economías de “microescala” en los pequeños y a las economías de escala en los grandes. No obstante, la evidencia empírica internacional ha medido la productividad de los predios, y no la rentabilidad, encontrado una fuerte relación inversa entre el tamaño del predio y la productividad agrícola (Cornia, 1985, y Lipton 2009).

El problema está en que la mayor parte de la tierra está en predios grandes de baja productividad, representado principalmente en la ganadería extensiva; mientras que en los predios pequeños, donde se aloja la mayoría de los pobladores rurales,  pese a que su productividad es muy alta, los ingresos por trabajador son muy bajos, lo cual determina su pobreza.

La “relación inversa” entre el tamaño del predio y la productividad agrícola que afirma que cuanto más pequeño es el predio mayor es su productividad, es el hecho estilizado más importante del desarrollo rural (Lipton 2009). En vista de que la frontera agrícola se está agotando, y que los avances tecnológicos ya no incrementan la productividad como en el pasado[2], la única forma de incrementar la producción agrícola es tener en cuenta la relación inversa, cuya evidencia empírica ha sido ampliamente demostrada[3].

Los predios más pequeños son más productivos porque cultivan más área, sacan más cosechas al año por hectárea y producen bienes de mayor valor (Boyce 1987). Los predios pequeños tienen exceso de mano de obra que utilizan intensivamente incrementando la producción. Sus costos de transacción, asociados a la vigilancia de la mano de obra son muy bajos (Lipton 2009). Adicionalmente utilizan mano de obra familiar, que es mucho más comprometida y flexible.

Los predios pequeños no solamente son más productivos, sino que además generan el 95% del empleo (Berry 2016), son un patrimonio cultural y un conocimiento ancestral invaluable, son fundamentales para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, demandan bienes locales y sus ingresos no se filtran a la economía internacional. Y quizás lo más importante es que su marginación es la piedra angular del conflicto colombiano, y por lo tanto el logro de la paz pasa por su reconocimiento explícito en las políticas públicas.

Evidentemente la concentración de la tierra es un obstáculo para aumentar la productividad agrícola porque no se logra el tamaño óptimo de explotación. El latifundio y el minifundio, o el microfundio, no corresponden a tamaños óptimos de explotación. En Colombia la mayor parte de los predios grandes corresponden a ganaderías extensivas[4] de muy baja productividad. De otro lado el microfundio, según el Proyecto de Protección de Tierras (Citado por Leivovich, 2013), corresponde al 80% del total de predios en Colombia, pero solo poseen el 10% de la tierra, y constituyen un tamaño de predio de 0,5 UAF[5] por lo que sus predios no generan ingresos suficientes y constituyen el grueso de la pobreza rural (Leivovich, 2013).

La precariedad de la estructura de derechos de propiedad agraria es la causa principal de que no se logre el equilibrio en el tamaño óptimo al impedir que la tierra se transfiera a su uso más eficiente. Adicionalmente esta estructura deficiente de derechos de propiedad ha facilitado el despojo y la apropiación ilegal de la tierra con el uso de la violencia. Los actores con más poder han corrido la cerca sobre los baldíos, los bosques los humedales y sobre los predios de los agricultores campesinos, sin que el Estado haya tenido la capacidad de defender la propiedad, los predios públicos, los bienes ambientales y a la población vulnerable (Reyes, 2016).
De la tierra al territorio en el posconflicto

Colombia tiene el conflicto más largo sin resolver en la región, pero actualmente nuestra historia transcurre por un nuevo proceso de paz. El primer punto de esa negociación de paz fue conocido como el desarrollo rural. En este punto de la negociación se pactó una Reforma Rural Integral fundamentada en el enfoque territorial del desarrollo rural. El hecho de que la tierra haya sido el primer punto de discusión y el más importante para la insurgencia, demuestra que la disputa por la tierra fue neurálgica en el origen y perpetuación del conflicto colombiano.

No obstante, el conflicto no se puede generalizar en la disputa por la tierra. En realidad existen dos conflictos en el medio rural. El agrario, que se relaciona con la disputa por los Derechos de Propiedad sobre la tierra, y el conflicto armado de los grupos ilegales y del Estado que se disputan el territorio. El conflicto rural tiene varias modalidades. La disputa clásica por la tierra entre campesinos y terratenientes. La de grandes inversionistas nacionales o extranjeros para grandes proyectos agroindustriales alimentarios o de agrocombustibles, o la explotación de recursos naturales del subsuelo, o el agua o la biodiversidad, que se disputan las tierras del estado con pequeños o grandes propietarios. La de los indígenas por la recuperación de sus territorios ancestrales, o las de las comunidades afrocolombianas por los derechos colectivos al territorio. Por último la de los campesinos que son despojados por medio de la violencia de los grupos ilegales asociados con las élites regionales (PNUD, 2011).

La guerra por el territorio busca el enriquecimiento ilícito, el control de la población, la captura de rentas públicas locales y el acceso al poder político, auspiciados por el narcotráfico. Hasta los años 70 la disputa por la tierra es explícita, pero a partir de los 80 se cambia a la disputa del territorio impulsado por el narcotráfico, sin que la disputa por la tierra desaparezca. Hoy estos dos conflictos están entremezclados, y por lo tanto la solución del conflicto rural no debe centrarse solo en resolver el problema de la disputa por la tierra.

Frente a la perspectiva del proceso de paz, el gobierno de Santos formula el Proyecto de Ley de tierras y Desarrollo Rural del 2011, donde se presenta la propuesta de Desarrollo rural con enfoque territorial, entendido como: “… el proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la sociedad civil, o unas u otras, con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pobladores, con base en el uso sostenible de la biodiversidad, en particular los recursos naturales renovables y los servicios ecosistémicos”.

Los nuevos aportes a la teoría del desarrollo empezaron a dar una gran importancia al territorio[6] (Schejtman A. y Berdegué, J. 2004). De acuerdo con Sosa (20012) el territorio se puede pensar como una construcción integral, dialéctica, compleja, multidimensional y pluridimensional, desde la vida social y sus múltiples y plurales interrelaciones, procesos y dinámicas, donde lo geográfico y ecológico, lo económico, lo social, lo cultural y lo político son entendidos como partes indivisibles y en interacción (Sosa, M. 2012).

Adicionalmente el actual gobierno presenta Misión rural 2015 fundamentada en tres principios. En primer lugar, el enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo. Segundo, la inclusión, tanto social como productiva, con un énfasis en los pequeños productores. Y tercero, el desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible, basado en la provisión de bienes públicos antes que en políticas asistencialistas (Ocampo, 2015).

Del acuerdo agrario pactado en la Habana surge la Reforma Rural Integral de la cual se derivaron los siguientes compromisos:

  • Fondo de tierras: que saldrá de la recuperación de baldíos ilegalmente apropiados, de la extinción de dominio de tierras ilícitas y de tierras ociosas.
  • Acceso integral: más allá de la tierra se otorgará capital semilla, riego, asistencia técnica, crédito.
  • Formalización de la propiedad: en el entendido que 50% de los pequeños predios no tienen título de propiedad
  • Jurisdicción agraria: que buscará la dotación importante de jueces agrarios.
  • Modernización del catastro: ya que actualmente 54% de los registros catastrales están desactualizados
  • Asesoría al recaudo predial: fundamentado en el principio constitucional de progresividad
  • Ordenamiento productivo y ambiental del territorio: bajo lineamientos del uso del suelo según su vocación y visiones territoriales.
  • Cierre de la frontera agraria: que buscará delimitar la frontera y proteger áreas de interés ambiental
  • Zonas de reserva campesina
  • Planes nacionales territoriales: principalmente en infraestructura, salud, educación, vivienda, tecnología, comercialización, seguridad social, seguridad alimentaria

 

Por último, los objetivos del enfoque territorial que surgen del pacto agrario en la Habana incluyen, en primer lugar, un ordenamiento ambiental, que busque contener el deterioro de ecosistemas estratégicos, la deforestación de selvas, la erosión por sobre explotación agrícola, adicionalmente cerrar la expansión de la frontera agraria en reservas forestales y en humedales, y señalar un límite al grado de pendiente de la tierra. Segundo objetivo, la eficiencia económica, para lograr un uso adecuado del suelo que responda a criterios de eficiencia social, ambiental y productiva. El tercer objetivo es la justicia distributiva, para cerrar la brecha urbano rural, lo que implica dar acceso a la tierra a los que carecen de ella o la tienen de manera precaria. Pero este acceso no se debe dar en zonas marginales y alejadas, porque esa se tendería a reproducir la marginalización del campesinado y porque se sabe que el Estado no puede llevar bienes públicos en la frontera. Y cuarto, una institucionalidad para la paz, principalmente para resolver conflictos por la tierra al interior de los territorios, lo cual requiere el acompañamiento y la vigilancia de las comunidades.

Referencias

  • Banco Mundial. (2006). Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006. Un mejor clima de inversión para todos. Washington, D.C.: Mundi-Prensa
  • Berry A. (2016). Agriculture development Agrarian Reform. Documento Borrador.
  • Berry, A., & Cline, W. (1979). Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries. Ginebra: ILO.
  • Boyce, J. 1987. Agrarian Impasse in Bengal: Institutional Constraints to Technological Change. Oxford: Oxford U. Press.
  • CNMH. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General Grupo Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional
  • Cornia, G. (1985). Farm size, land yields and the agricultural production function. World Development 13, 513–34
  • Forero, G. B. (2013). La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos. En OXFAM, Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia (págs. 69-115). Bogotá
  • Kalmanovitz, S., & López, E. (2006). La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá: Fondo de cultura Económica; Banco de la República
  • Krugman, Paul R. 1991a. Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press.
  • Leibovich, J. (2013). Vinculación de los pequeños productores al desarrollo de la agricultura / Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo, SAC.
  • Lipton, M. (1985). Land Assets and Rural Poverty. World Bank Staff Working Paper.
  • Lipton, M. (2009). Land Reform in Developing Countries. Property rights and property wrongs. New York.
  • Ocampo, J. (2015). SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA CON EL CAMPO. Marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo. DNP.
  • Porto Gonçalves, Carlos Walter. 2002. “Da Geografía ás geografías. Um mundo em busca de novas territorialidades”. En Ceceña, Ana, y Emir Sader (Comps.) La guerra infinita: hegemonía y terror mundial. Pp. 217-256.  Buenos Aires: CLACSO.
  • Putnam, R. “The prosperous community Social capital and public life”. The American Prospect, vol.4, n°13 (1993): 35-42.
  • Reyes Posada Alejandro. (2009). Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Editorial Norma / Fescol, 2009.
  • Reyes Posada Alejandro. (2016). La reforma rural para la paz. Bogotá: Penguin Randon House Grupo Editorial / GIZ, 2016.
  • Santos, Milton (1996). Metamorfosis del espacio habitado Colección “Textos de Geografía”. Barcelona: Oikos Tau.
  • Schejtman A. y Berdegué J. 2004. Desarrollo territorial rural. Debates y temas rurales nº1. RIMISP. Santiago, Chile.
  • UPRA (2015). Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. “Planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad”. Tomado el 1 julio de 2016 12:48 de  (https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/colombia)
  • Vergara, W. (2010). La ganadería extensiva y el problema agrario. El reto de un modelo de desarrollo sustentable para Colombia. Revista Ciencia Animal. Universidad de La Salle. 2010.

________________________________________
[1]Adicionalmente los datos incluyen 23.000 víctimas de asesinatos selectivos, 11.750 víctimas de masacres, y 27.023 víctimas de secuestros (Grupo Memoria Histórica, 2013)
[2]La principal fuente de aumento de la productividad agrícola en el largo plazo ha sido el progreso tecnológico; sin embargo, mientras en la década de 1970 la productividad crecía 3% debido al progreso tecnológico, en la década de 1990 solo crecía al 1%. La revolución verde ha llegado a su techo y la revolución biotecnológica (los transgénicos) aún no ha producido efectos destacables sobre el crecimiento de la productividad (Lipton 2007).
[3]De acuerdo a Lipton (2009), dentro de los muchos estudios que han demostrado la relación inversa se encuentran los de A.K Sen (1962), Cornia (1985), Berry y Cline (1979), Carter (1984), Kutcher y Scandizzo (1981), Barrett (1996), Nkonya et al. (2004), Sahn y Arulpragasam (1993), y Nega et al (2003)
[4]Tan solo una fracción muy pequeña del latifundio está en agricultura comercial a gran escala, principalmente azúcar, palma de aceite, banano y algunos cereales, o en ganaderías más tecnificadas como el doble propósito, ceba o lechería tropical.
[5]Según el INCODER la UAF “Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su patrimonio”.
[6]Dentro de los aportes que nutrieron el enfoque territorial se destacan los trabajos de Krugman P. en Geografía Económica, los de Porter M. en Cluster y competitividad, el Capital social de Putnam, los Geógrafos como Porto Gonçalves  y Santos, y los aportes de la teoría del desarrollo local.

 

Articulo2